El Grupo Municipal Socialista de Rincón de la Victoria ha denunciado públicamente el decreto dictado por el alcalde que regula y limita el acceso de los concejales a las dependencias y a la documentación municipal, al considerar que supone un “grave retroceso democrático” y una vulneración directa de los derechos constitucionales de la oposición.
Según ha anunciado el PSOE, el decreto será recurrido formalmente por entender que “coarta el derecho constitucional de los concejales a ejercer la fiscalización del gobierno”, imponiendo autorizaciones, controles y restricciones que, a su juicio, no están amparadas por la legislación vigente ni por el Reglamento Orgánico Municipal.
El portavoz socialista, Antonio Sánchez Fernández, ha calificado la medida de “abusiva e ilegal”, asegurando que el texto firmado por el alcalde “no ordena, sino que limita derechos fundamentales y convierte la fiscalización política en una concesión discrecional del equipo de gobierno”.
Entre las restricciones denunciadas por el PSOE se encuentran la obligación de solicitar cita previa para acceder a determinadas áreas municipales, la presencia forzosa de jefes de servicio durante las consultas y la advertencia de posibles medidas disciplinarias, elementos que, según Sánchez, “suponen una restricción inaceptable del derecho de control recogido en el artículo 23 de la Constitución Española”.
“El control democrático no puede depender de la agenda del alcalde ni del visto bueno del área que debe ser fiscalizada”, ha subrayado el portavoz socialista, recordando que el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento reconoce el derecho de acceso de los concejales sin necesidad de autorización expresa.
Desde el Grupo Socialista consideran que el decreto “responde a una deriva autoritaria y opaca” cuyo objetivo es “blindar al gobierno municipal frente al control político de la oposición”, debilitando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Ante esta situación, el PSOE ha exigido la retirada inmediata del decreto, el respeto pleno a los derechos de los concejales y una “transparencia real y efectiva, más allá de la retórica institucional”.
“Este decreto no busca ordenar el funcionamiento municipal, busca intimidar y disuadir a la oposición. Es un abuso de poder que no vamos a tolerar”, ha concluido Antonio Sánchez Fernández, advirtiendo de que, si la medida no se revoca, el grupo acudirá a instancias judiciales.
