Manuel Fernández Ruiz-Coello

Se reabre el debate en Rincón de la Victoria sobre su quinto instituto tras años de retrasos

Antonio Sánchez, Patricia Alba

El debate sobre la construcción de un quinto instituto en Rincón de la Victoria vuelve a situarse en el centro de la agenda política a pocas semanas de las elecciones andaluzas. Representantes de la oposición han asegurado que impulsarán este equipamiento educativo si logran respaldo en las urnas, al tiempo que han criticado la gestión de la Junta de Andalucía en materia de educación pública.

Durante una comparecencia, la secretaria de Educación del PSOE-A y candidata al Parlamento andaluz por Málaga, Patricia Alba, junto al portavoz socialista en el municipio, Antonio Sánchez, han denunciado lo que califican como un “desmantelamiento progresivo de los servicios públicos”, con especial impacto en el ámbito educativo.

Alba ha recordado que la construcción de este centro fue incluida en el programa electoral del Partido Popular en 2018, subrayando que, tras varios años de gobierno, “no se ha avanzado en su desarrollo”. Según ha afirmado, el crecimiento demográfico del municipio hace “absolutamente necesaria” esta infraestructura, al tiempo que ha criticado la reducción de unidades educativas y plazas de Formación Profesional.

En este sentido, ha señalado que no se han producido avances administrativos significativos hacia la ejecución del proyecto, insistiendo en que la falta de nuevas infraestructuras educativas agrava la presión sobre los centros existentes.

Por su parte, Antonio Sánchez ha ampliado las críticas a otros servicios públicos, poniendo como ejemplo el transporte interurbano, cuya gestión corresponde a la Junta. “Las colas son frecuentes y los horarios no responden a la demanda, lo que genera problemas de movilidad en el municipio”, ha denunciado.

Asimismo, ha alertado del deterioro de la sanidad pública, indicando que los tiempos de espera para obtener cita médica pueden alcanzar entre 12 y 15 días. También ha puesto el foco en la atención a la dependencia, donde, según ha explicado, los plazos para resolver solicitudes rondan los 350 días, lo que provoca que algunos usuarios fallezcan antes de recibir la ayuda.