El PSOE de Torrox llevará al Pleno ordinario de febrero una propuesta clave para el futuro económico del municipio y de la comunidad autónoma. Los socialistas defenderán un acuerdo en favor de una financiación justa para Andalucía, respaldando tanto la reforma del sistema actual como la quita de deuda planteada por el Gobierno de España, con el objetivo de blindar la sanidad, la educación y la dependencia.
La portavoz socialista, Mari Nieves Ramírez Moreno, ha recordado que el sistema de financiación lleva caducado desde 2014, generando una «infrafinanciación estructural» que obligó a Andalucía a endeudarse en más de 27.000 millones de euros entre 2012 y 2018 para mantener los servicios básicos. Según la propuesta del Ejecutivo central, la comunidad andaluza sería la más beneficiada por la quita de deuda, logrando una reducción de 19.000 millones de euros y un ahorro en intereses de 1.400 millones, además de recibir 4.846 millones adicionales mediante la reforma del sistema.
Para el Grupo Municipal Socialista, estos recursos son vitales para que ayuntamientos como el de Torrox cuenten con mayor respaldo económico en inversiones y servicios. En este sentido, han calificado de «incomprensible» que el Gobierno andaluz mantenga una actitud de confrontación y rechace la quita de deuda sin ofrecer alternativas, lo que a juicio de los socialistas perjudica directamente los intereses de los andaluces.
Por su parte, el concejal Javier Villena ha hecho hincapié en la repercusión local de este debate. Villena ha criticado que el alcalde de Torrox, Oscar Medina, esté obligando a los vecinos a costear con fondos municipales obras que son competencia de la Junta, como el Palacio de Justicia o el asfaltado de la carretera del pantano. «Con esta financiación justa, Torrox podría dejar de ser el ‘paganini’ de la Junta de Andalucía y mejorar realmente sus servicios públicos», ha sentenciado el edil.
La moción que se debatirá en el Pleno insta a la Junta de Andalucía a participar de forma constructiva en el diálogo institucional y reclama que los nuevos recursos sirvan para proteger el Estado del Bienestar y reforzar la financiación de las entidades locales.
