Durante el sábado 23 del pasado mes de marzo, dos médicas neurocirujanas del servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga, además del personal de enfermería de la planta y auxiliares y celadores, sufrieron insultos y amenazas de los familiares de un paciente ingresado que atendieron.
El usuario, ya intervenido, precisaba una atención y un diagnóstico que duró varias horas y fue dificultado por su familia, especialmente por la madre que no atendía instrucciones del personal médico, gritaba y exigía continuamente, y no aceptaba ni las pruebas prescritas ni el tratamiento que se le estaba suministrando.
Advertencias y órdenes como “Tú tienes que hacer lo que yo te diga que para eso estoy pagando”, “Si se muere es culpa tuya”, “Tú qué vas a saber” o “Tienes que hacer lo que han dicho sus médicos que le han visto estos días”, son algunas de las descalificaciones que tuvieron que soportar las profesionales, además de insultos y amenazas.
Además, el paciente se encontraba en aislamiento de contacto y se negó a ponerse las medidas de protección.
Por ello, las facultativas avisaron inicialmente a los vigilantes de seguridad del centro hospitalario, pero no pudieron hacer nada, ya que no les hicieron caso, y, posteriormente, a la Policía, a la que una de las profesionales tuvo que dar parte de lo ocurrido en medio de la asistencia del usuario, y tampoco solucionó la situación, salvo acompañar amablemente a la familia fuera del hospital para que los médicos pudieran trabajar. Y es que, según está establecido y pese a que los agredidos denuncien, si no es una acción verbal o física tipificada como delito, los agentes no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción, excepto velar y mantener la seguridad.
Asimismo, esta alteración del orden público dentro de un servicio médico no solo trastoca el trabajo de los profesionales, también trastorna a los pacientes que hay en esa área.
El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado este nuevo caso de agresión a dos compañeras y exige la implantación de más medidas de seguridad para los trabajadores del SAS, a la vez que se interpela, como ejemplo, cuál sería la decisión de un juez sobre alguien que durante un juicio cuestiona sus decisiones o su trabajo o le descalifica. Por ello, este sindicato no entiende lo establecido por ley de las nulas consecuencias que acarrea para cualquiera insultar, cuestionar y amenazar, según qué términos se empleen, a un facultativo en pleno ejercicio de sus funciones laborales.
