El anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Totalán cuyo alcalde era Víctor Martín del Partido Popular, presume estos días en redes de austeridad en especial en las retribuciones públicas que percibía el regidor popular. Defendían que “nuestro alcalde, Víctor Martín Ruiz, renunció a su puesto de trabajo (entrando en una excedencia por cargo público) para dedicarse en cuerpo y alma al pueblo de Totalán” con un sueldo de 1.085,30 euros netos al mes.
Y no siendo falsa esa “narración” de los hechos, sí que era parcial, pues callaba y silenciaba que aparte del sueldo de alcalde que suponía un coste anual de 22.988,36 euros al año para el Ayuntamiento, incluyendo los gastos de Seguridad Social, el anterior alcalde cobraba y cobra un sueldo como apoderado de Axaragua, empresa pública dependiente de la Mancomunidad nombrado por el Partido Popular. La retribución de cada uno de los apoderados es de 24.000 euros brutos anuales divididos en 14 pagas más los gastos de la Seguridad Social.
Además de ello, Martín es también consejero en Axaragua donde percibe por los conceptos que se señalan a continuación las siguientes cantidades:
-Por asistencia y formar parte de Comisiones Ejecutivas Permanentes: 300 euros brutos por asistencia.
-Por asistencia a los Consejos de Administración: 300 euros brutos por asistencia.
-Por acudir a la Junta General de Axaragua: 100 euros por asistencia.
Según diversas fuentes de la Mancomunidad de Municipios y Axaragua consultadas por este medio, Victor Martín cobró 14.700 euros por asistencia a 49 reuniones de Axaragua durante el año 2024.
Todo correcto, todo legal y nada que objetar a esas asignaciones, pero es algo que choca cuando presumían de que “nuestro alcalde, Víctor Martín Ruiz, renunció a su puesto de trabajo (entrando en una excedencia por cargo público) para dedicarse en cuerpo y alma al pueblo de Totalán” con un sueldo de 1.085,30 euros netos al mes. Si es un hecho constatable que los políticos, especialmente los de los municipios pequeños, están mal pagados, pues se dice, pero no se proclama austeridad cuando en realidad, con los otros complementos añadidos, no era tal.
Cambio de remuneraciones tras la moción de censura
Tras la moción de censura del 30 de abril que volvió a aupar a la alcaldía al socialista Miguel Ángel Escaño, posteriormente, el nuevo gobierno municipal aprobó en pleno un nuevo modelo de retribuciones para los cargos públicos del municipio que rebaja sensiblemente el gasto político. Las medidas suponen un ahorro estimado de 13.464,20 euros anuales respecto al sistema anterior, que fue establecido por el anterior gobierno del Partido Popular.
Se han eliminado las retribuciones fijas para los concejales y el alcalde con dedicación parcial y las sustituye por un sistema de compensación por asistencia a órganos colegiados como plenos, juntas de gobierno o comisiones. Cada edil, sea del gobierno o de la oposición, percibirá 150 euros brutos por sesión, con un tope máximo anual de 17.424,68 euros.
Comparativa de modelos
El anterior equipo de gobierno del PP contemplaba tres cargos con dedicación parcial —alcalde y dos tenientes de alcalde— con sueldos fijos y cotizaciones a la Seguridad Social. El coste total para las arcas municipales era de 51.913,56 euros anuales.
Con el nuevo sistema, el coste previsto es de 38.449,36 euros al año, sin gastos añadidos en cotizaciones sociales. El alcalde socialista, Miguel Ángel Escaño, y el primer teniente de alcalde, Daniel Hernández, tendrán un límite de ingresos igual al del anterior alcalde, pero exclusivamente por asistencias. La segunda teniente de alcalde, Remedios Fernández, percibirá una cuantía más reducida (600 euros anuales), según su participación.
En la oposición, el portavoz del PP y ex alcalde, Víctor Martín Ruiz, cobrará 900 euros anuales, mientras que sus compañeros Fernando Gómez y Alberto Podadera recibirán 600 euros cada uno. La concejala independiente, Margarita Blanco, también percibirá 900 euros.
Austeridad y transparencia
Desde el equipo de gobierno se ha defendido que esta reforma busca una “gestión más austera, equitativa y eficiente” de los fondos públicos, garantizando que las retribuciones estén vinculadas exclusivamente a la actividad real de los concejales. Se elimina así cualquier tipo de salario fijo, reforzando la idea de servicio público y control del gasto.
Además, se establece un principio de igualdad en el trato a todos los ediles, sean del gobierno o la oposición, puesto que todos cobran en las mismas condiciones por su participación en los órganos municipales.
