El Ayuntamiento de Totalán ha aprobado en pleno un nuevo modelo de retribuciones para los cargos públicos del municipio que rebaja sensiblemente el gasto político. La medida, impulsada por el nuevo equipo de gobierno del PSOE, supone un ahorro estimado de 13.464,20 euros anuales respecto al sistema anterior, que fue establecido por el anterior gobierno del Partido Popular.
La propuesta, que salió adelante en el pleno celebrado este 10 de junio, elimina las retribuciones fijas para los concejales y el alcalde con dedicación parcial y las sustituye por un sistema de compensación por asistencia a órganos colegiados como plenos, juntas de gobierno o comisiones. Cada edil, sea del gobierno o de la oposición, percibirá 150 euros brutos por sesión, con un tope máximo anual de 17.424,68 euros.
Comparativa de modelos
El anterior equipo de gobierno del PP contemplaba tres cargos con dedicación parcial —alcalde y dos tenientes de alcalde— con sueldos fijos y cotizaciones a la Seguridad Social. El coste total para las arcas municipales era de 51.913,56 euros anuales.
Con el nuevo sistema, el coste previsto es de 38.449,36 euros al año, sin gastos añadidos en cotizaciones sociales. El alcalde socialista, Miguel Ángel Escaño, y el primer teniente de alcalde, Daniel Hernández, tendrán un límite de ingresos igual al del anterior alcalde, pero exclusivamente por asistencias. La segunda teniente de alcalde, Remedios Fernández, percibirá una cuantía más reducida (600 euros anuales), según su participación.
En la oposición, el portavoz del PP y exalcalde, Víctor Martín Ruiz, cobrará 900 euros anuales, mientras que sus compañeros Fernando Gómez y Alberto Podadera recibirán 600 euros cada uno. La concejala independiente, Margarita Blanco, también percibirá 900 euros.
Austeridad y transparencia
Desde el equipo de gobierno se defiende que esta reforma busca una “gestión más austera, equitativa y eficiente” de los fondos públicos, garantizando que las retribuciones estén vinculadas exclusivamente a la actividad real de los concejales. Se elimina así cualquier tipo de salario fijo, reforzando la idea de servicio público y control del gasto.
Además, se establece un principio de igualdad en el trato a todos los ediles, sean del gobierno o la oposición, puesto que todos cobran en las mismas condiciones por su participación en los órganos municipales.
