El sindicato denuncia la desprotección del personal ante la actitud agresiva de usuarios sin cita y señala la inacción de la Junta de Andalucía en la contratación de vigilantes.
La seguridad en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la provincia de Málaga ha vuelto a situarse en el centro del debate laboral tras un preocupante episodio de violencia registrado en la sede de Nerja. El sindicato Comisiones Obreras ha alzado la voz para reclamar la implantación urgente de servicios de vigilancia en todos los centros de la provincia, después de que la actitud agresiva de un usuario que carecía de cita previa obligara a intervenir a las fuerzas de seguridad para restablecer el orden en las dependencias de la calle El Chaparil.
Esta situación no es un hecho aislado según los representantes de los trabajadores, quienes sostienen que vienen advirtiendo desde hace años, a través del Comité de Seguridad y Salud, sobre la necesidad de establecer controles efectivos de acceso. El sindicato lamenta que la Administración haya hecho oídos sordos de forma sistemática a estas peticiones, manteniendo una vulnerabilidad que afecta directamente a la salud física y mental de los empleados públicos.
En la actualidad, la provincia de Málaga cuenta con tres oficinas que carecen por completo de personal de seguridad, lo que supone un agravio comparativo respecto al resto de sedes que sí disponen de este servicio. Desde CCOO señalan directamente a la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía como el organismo responsable de gestionar estas contrataciones y critican que, a pesar de conocer los riesgos existentes, no se hayan adoptado medidas preventivas estructurales.
El incidente de Nerja ha sido ya comunicado a la Subdelegación del Gobierno mediante el correspondiente parte de incidencias, al que se adjuntará el atestado policial de los hechos. El sindicato insiste en que la violencia en el puesto de trabajo es un factor de riesgo real en las oficinas de prestaciones, especialmente en un contexto de alta presión administrativa. Por ello, instan a la Administración a cumplir con su obligación legal de garantizar entornos de trabajo seguros.
