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El proceso judicial contra Francisco J.C., sacerdote originario de Vélez-Málaga, ha dado un paso clave ya que la Audiencia Provincial será la encargada de sentarlo en el banquillo por presuntos abusos sexuales cometidos entre 2017 y 2019.
El cura fue arrestado el 11 de septiembre de 2023 después de que su pareja descubriera en un ordenador doméstico grabaciones en las que aparecían, según la investigación, cuatro mujeres sedadas y sometidas a agresiones sexuales. Desde entonces permanece encarcelado de forma preventiva, una medida que recientemente ha sido prorrogada dos años más, hasta septiembre de 2027, al considerar los magistrados que existen pruebas suficientes y riesgo de fuga.
Delitos atribuidos
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado habría incurrido en cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad. Las acusaciones particulares, al igual que el fiscal, se opusieron siempre a su puesta en libertad, alegando la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar la celebración del juicio sin interferencias.
El intento del Obispado
Tras la detención, el Obispado de Málaga trató de sumarse a la causa como acusación particular, una decisión poco habitual pero que justificó por la magnitud del escándalo y el daño ocasionado a la institución. Sin embargo, la Audiencia desestimó su petición: los jueces recordaron que su papel debía limitarse al de responsable civil subsidiario.
El letrado de una de las acusaciones particulares, subrayó que tanto las partes personadas como la Fiscalía rechazaron desde el inicio la intervención del Obispado como acusación.
Una prisión preventiva prolongada
La prórroga de la cárcel provisional, acordada este mes de septiembre, responde —según el auto judicial— a la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y a la necesidad de garantizar que el sacerdote comparezca en el futuro juicio. Con esta decisión, la causa entra ya en su recta final, tras concluir la fase de instrucción.
