La Fiscalía lo acusa de un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la defensa sostiene que la estructura con ruedas se destinaba a guardar aperos y no a uso residencial
La Fiscalía de Málaga solicita una pena de 15 meses de prisión para un vecino por un presunto delito contra la ordenación del territorio, tras haber instalado una mobile home de segunda mano en una parcela de suelo rústico común en el municipio de Casabermeja.
El caso, que se encuentra pendiente de juicio, se remonta a 2022, fecha en la que el investigado adquirió un terreno de 3.127 metros cuadrados. Según la representación letrada del afectado, ejercida por el despacho Escalante & Botello Abogados a través del letrado Miguel Ángel Escalante, la medida penal resulta desproporcionada. La defensa argumenta que la estructura se encuentra apoyada sobre ruedas, sin cimentación ni anclaje al terreno, y que puede ser retirada en cuestión de minutos sin requerir transportes especiales. Asimismo, sostienen que el habitáculo no estaba destinado a vivienda habitual ni contaba con personas empadronadas, sino que su fin era servir como almacén de aperos de labranza y apoyo para un pequeño huerto familiar.
El escrito defensivo argumenta igualmente que elementos como el vallado perimetral, un contenedor y dos depósitos cilíndricos ya se encontraban instalados en el terreno con anterioridad a la compraventa, aportando grabaciones de vídeo previas a la transacción para eximir al comprador de dichas actuaciones. Por su parte, el Ministerio Público tipifica la colocación de la estructura como una edificación no autorizable en este tipo de suelo.
La causa se enmarca en un contexto de estricto control judicial en la provincia de Málaga sobre la instalación de casas prefabricadas y remolques en parcelas no urbanizables. La jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo en 2024 equipara las casas móviles a edificaciones sujetas a la preceptiva licencia urbanística municipal, independientemente de que mantengan sus elementos de tracción o movilidad.
