El problema en Málaga de la falta de vivienda, del encarecimiento de los alquileres y de la compra, los apartamentos turísticos y el exilio al que se está obligando a los jóvenes malagueños, toma cada día más fuerza y ya supera el ámbito de los colectivos sociales, partidos políticos de izquierdas, sindicatos y afectados. Ahora son los propios promotores inmobiliarios, quienes han dado la voz de alarma ante una situación que califican de emergencia y por la imposibilidad o dificultades de acceso a una vivienda digna a precio asequible.
Desde el sector promotor, Fadeco ha lanzado la idea de que el problema de la vivienda en Andalucía es muy grave, siendo especialmente preocupante en Málaga. Ante ello, no dudan en plantearle a la Junta de Andalucía de que deberían declararse algunos municipios de la provincia como territorios de “emergencia habitacional”. Ello conllevaría como fórmula para paliar el problema agilizar la construcción de viviendas tanto protegidas como libres.
No se trata de una reflexión sin base o que les dicte su olfato, sino que es fruto de un estudio elaborado por un despacho profesional que reconoce sería una medida “disruptiva” pero necesaria. Este documento sirve de base para un informe jurídico que, además, servirá como alegación al anteproyecto de ley que prepara la Junta de Andalucía.
Lo que se busca con esta declaración es acercar la oferta a la demanda simplificando los plazos de desarrollo de suelos para nuevas viviendas, algo que actualmente se puede dilatar eternamente, hasta diez años desde el comienzo de la tramitación hasta la ejecución de la obra. Como instrumento para este objetivo de reducción de todos los plazos, proponen a la Junta que se cree una oficina aceleradora, algo que sería pinero en España.
En declaraciones al Diario Sur del Presidente de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios, este ha destacado que “ahora hay déficit de viviendas”, ya que en Andalucía faltan unas cien mil, de las que treinta mil corresponden a Málaga. Es paradójico que sea la propia patronal del sector quien tenga que alertar del derecho constitucional que es el acceso a una vivienda, así como un deber de las administraciones públicas.
Está bien solicitar la declaración de emergencia habitacional porque la situación no resiste más y amenaza con convertirse en el nuevo 11 M, pero del 2024. Hasta ahí de acuerdo, pero eso sí, la patronal no debe aprovechar esta lacra para aumentar sus beneficios construyendo más libremente de trabas burocráticas. Puede y debe de construir más, por supuesto, pero alguien, Junta y Gobierno central, deberá exigir que una muy buena parte de estas potenciales e hipotéticas costrucciones deber ponerse al servicio de los más modestos, ed decir, debe edificarse mucha, no poca, mucha, vivienda social. Algo que no tiene que ser compatible con el legítimo beneficio empresarial. Vienda protegida… pero bien protegida. Cuando los promotores dicen “ahora hay déficit de viviendas”, nopuede confundirse con «enorme superávit en los beneficios».
